A pesar de la pandemia, el fenómeno migratorio sigue vigente e incluso existe un repunte en el flujo desde México y Centroamérica hacia Estados Unidos. Los Republicanos han criticado esta situación, mencionando que su país se ha convertido en un imán migrante por las políticas emprendidas por el gobierno demócrata, como el fin del programa Permanece en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en la frontera mexicana su proceso, así como el ingreso de menores no acompañados que había sido limitado por su antecesor.
Asimismo, la política migratoria de Biden ha sido criticada por la mayoría de la población. De acuerdo con el Pew Research Center, 68% de los estadounidenses opinan que el gobierno tiene una mala gestión de las solicitudes de asilo en la frontera y 69% estima que debería existir una vía legal para apoyar a los migrantes que cumplan determinados requisitos. Además, grupos pro migrantes como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, han manifestado su decepción y reactivaron litigios contra el uso del Título 42, que, con el pretexto de la pandemia, permite la expulsión inmediata de aquellos que consideren un riesgo para la salud pública.
La vicepresidenta Kamala Harris ha comunicado de manera reiterada durante sus visitas a México y Centroamérica, que las puertas de Estados Unidos están cerradas, que el viaje es peligroso y no conviene hacerlo. Aparentemente, la principal diferencia entre Biden y Trump radica en un giro discursivo que ha dejado atrás declaraciones xenófobas, así como la construcción del demagógico muro. Aunque ha habido avances, políticas duras en materia migratoria como la implementación del Título 42 y las deportaciones expeditas siguen vigentes, y han sido particularmente notorias en la primera etapa del gobierno de Biden. Según datos de la patrulla fronteriza, en lo que va de la administración, las detenciones bajo Título 42 han aumentado 51.22 por ciento. De octubre pasado a la fecha, más de 750,000 migrantes han sido expulsados bajo este supuesto, generando presión y desorden en sitios como Tijuana y Ciudad Juárez, que son los principales receptores.
Recientemente, el gobierno estadounidense anunció que reanudará las deportaciones expeditas, para núcleos familiares que no puedan expulsar vía Título 42. Este tipo de remoción se creó desde 1996, y originalmente aplicaba a migrantes sin permiso de entrada, detenidos a 100 millas de la frontera, hasta 15 días después de haber ingresado a Estados Unidos. Derivado de una orden ejecutiva de Trump, estas medidas se extendieron a personas detenidas en cualquier parte del territorio norteamericano, que no cuenten con al menos 2 años de residencia.
Las deportaciones expeditas, además de violentar el debido proceso de los migrantes al no permitirles que su caso sea analizado por las cortes migratorias, pueden provocar que algunas personas sean erróneamente retomadas de manera inmediata, vulnerando aún más su situación.
Por ejemplo, a personas que cumplen con los requisitos para obtener el refugio, no se les permite ser entrevistados y evaluados correctamente por un oficial de asilo, como corresponde bajo el marco legal internacional y de Estados Unidos. Pueden ser expulsados pocas horas después de su aprehensión, sin la posibilidad de hablar con un abogado, reunir pruebas, llamar a testigos o presentar un reclamo de exención de la deportación para expresar temor de persecución.
No se han dado a conocer los detalles y lineamientos bajo los cuales se realizarán las expulsiones aceleradas. Diversas cuestiones quedan en el aire. Por ejemplo, actualmente los menores no acompañados no pueden ser removidos de esta forma, haciendo valer el interés superior de la niñez y entendiendo que este grupo poblacional es el más vulnerable. Sin embargo, cuando se trata de menores de edad pero que vienen en compañía de un adulto o familiar, la consideración cambia. ¿A estos no se les debe proteger ni defender sus derechos?
Muchos migrantes huyen de la persecución y del riesgo a perder la vida en sus lugares de origen por ello se utiliza el refugio. Para dar una oportunidad de vida a estas personas. Lo que el gobierno estadounidense está haciendo con este tipo de decisiones lejos de proteger a las personas que lo requieren, es deportarlos al peligro y posiblemente a la muerte.
Artículo tomado de El Economista