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Hacer visible lo invisible: el desplazamiento forzado interno en México también nxs toca

En México no existe un marco legal que permita prevenir, atender y generar soluciones duraderas al desplazamiento forzado interno. Se tiene que aprobar una Ley General, seguida de un reglamento, que agrupe y arrope las estrategias de diversas instancias que lo atienden parcialmente, como en casos de fenómenos naturales, los cuales tienen un abordaje desde protección civil, pero dejan completamente de lado las soluciones duraderas.


Los derechos humanos en México, para muchxs, son un privilegio. Hay personas que viven en tal marginación y vulnerabilidad que nunca gozan de ellos y viven en un sistema de abusos y tragedias imparables, donde lo raro es estar bien, en calma. ¿Cómo esas personas pueden pensar un mundo mejor o una vida serena con parámetros sanos para una convivencia pacífica? No tienen ninguna referencia para hacerlo. ¿Cómo podemos pensar un lugar pacífico si muchas de nuestras infancias crecen entre la violencia y la sobrevivencia? ¿Cómo esas infancias podrían reproducir una sociedad sana, respetuosa, consciente? ¿Con qué modelo? No pueden. Son garbanzos de a libra.


Desde 1948, cada 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero, en vez de gozarlos y celebrar que algún día tuvimos que crear convenciones, organizaciones, acuerdos y principios para defenderlos y colocarlos en lo más valioso de la sociedad, lo que hacemos es reconocer que estamos a años luz del ideal y que algunas veces parece un sueño. Es un momento para detenernos y observar lo que hace falta trabajar y lo lejos que estamos de su universalidad. Tal es el caso de los derechos humanos de las personas en situación de desplazamiento forzado interno (DFI), quienes se ven obligadas a dejar su lugar de vivienda habitual para proteger su vida a causa del crimen organizado, la violencia, fenómenos naturales, violaciones a derechos humanos, megaproyectos, etc., y que no cruzan una frontera internacionalmente reconocida.


Por primera vez en la historia de este país, en abril de 2019 el Gobierno reconoció el desplazamiento forzado interno como un problema público. A partir de ahí se impulsaron diversas acciones para contar, primero, con una Ley General para prevenir, atender y generar soluciones duraderas al DFI y, segundo, con los instrumentos e infraestructura institucional necesarios para implementarla. Se realizó una propuesta de ley, la cual se discutió en un proceso de Parlamento Abierto en 2020. Se ajustó de acuerdo con las observaciones y comentarios que emitieron organismos internacionales, academia y sociedad civil; se votó en el pleno de la Cámara de Diputados y se aprobó por unanimidad el 29 de septiembre de ese mismo año. Luego se turnó a la Cámara de Senadores, donde se congeló. Si bien esta iniciativa de ley era perfectible, es la única que ha llegado tan lejos en el proceso legislativo.


Por otro lado, a nivel local hay un avance mayor, pues existen cinco estados que tienen una ley aprobada específica al respecto: Chiapas (2012), Guerrero (2014), Sinaloa (2020), Zacatecas (aprobada en 2022) y Oaxaca (decreto aprobado el 2 de septiembre de 2025), aunque ninguno de ellos cuenta con reglamento para su aplicación. Los estados que han tipificado el delito de DFI en sus códigos penales son Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Oaxaca. Por último, los estados que tienen un reconocimiento normativo son Ciudad de México y Morelos, que lo incluyen en sus leyes de víctimas. A nivel federal, el desplazamiento forzado interno se reconoce en la Ley General de Víctimas, aunque sin una definición detallada.

Pero esto es lo que pasa a nivel institucional, entre quienes toman las decisiones, las discuten, las negocian. Mientras tanto, las familias desplazadas están en desarraigo: oscilan entre sus lugares de residencia y el lugar de asentamiento, viven la desorientación, no saben que lo que les pasa tiene nombre y significa una violación múltiple de derechos humanos y que no debe ocurrir. Ellas simplemente sobreviven: buscan techo, comida, salud, educación, empleo. Algunas se reasientan en el lugar de acogida, “pero que no sea lejos, para ir a cuidar la milpa, pa’ darle la vuelta a la casa, para llevarnos nuestras cosas de a poco o simplemente porque algún día vamos a volver”, y así pueden pasar 30 años y nunca se deshacen las maletas. Las infancias, con su naturaleza resiliente, aprenden a vivir con ese dolor, heredan esas emociones, cargan su mochila al hombro, se refugian en el juego, mientras las personas adultas deciden por sus vidas, pero en ese tránsito están más expuestas. En las diásporas, las vulnerabilidades se intersectan y se acentúan.

La primera semana de diciembre la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Paula Gaviria Betancur, estuvo en México en una visita de corte académica. Ella es colombiana y tiene una larga trayectoria en el tema, ha trabajado en la construcción institucional para atenderlo y ha visto de cerca las dimensiones de la vida que toca este fenómeno de movilidad. Su visita hizo patente, una vez más, la ausencia de un marco legal que permita prevenir, atender y generar soluciones duraderas al DFI en México y puso el punto sobre las íes del abandono institucional al respecto. Esperamos que esta visita represente el inicio de una nueva cruzada por aprobar una Ley General, seguida de un reglamento, que cuente con una infraestructura institucional sólida que articule las acciones para responder cabalmente a la complejidad del fenómeno y que agrupe y arrope las estrategias de diversas instancias que atienden parcialmente el desplazamiento forzado interno, como en casos de fenómenos naturales, los cuales tienen un abordaje desde protección civil, pero dejan completamente de lado las soluciones duraderas.


Nosotrxs se suma a la red de organizaciones que buscan colocar en la agenda las necesidades de las personas desplazadas como una de sus causas. Reunirá y difundirá conocimiento al respecto, apoyará en la creación de instrumentos de política pública con solidez metodológica, llevará un registro histórico de lo avanzado y participará en la articulación de esfuerzos y estrategias para la incidencia, con el objetivo central de hacer visible lo invisible: el desplazamiento forzado interno en México, también nxs toca.


Artículo de Paula Sepúlveda Kischinevzky

 
 
 

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