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Nuevo proceso migratorio compromete la justicia

Defensores de solicitantes de asilo afirman que estas disposiciones harán más daño que beneficio a clientes.


La administración Biden reveló el viernes un nuevo proceso para acelerar las audiencias de inmigración, pero algunos defensores dicen que este enfoque de “expediente acelerado” puede hacer más daño que bien. “La primera impresión (del anuncio del viernes) es definitivamente de decepción”, dijo Linda Rivas, directora ejecutiva del Centro de Abogacía de Inmigración Las Américas en El Paso. “La decepción de que la administración (de Biden) parece tener la necesidad de acelerar los casos a expensas del proceso correcto”.

El Paso se encuentra entre las 10 ciudades con tribunales de inmigración que se ocuparán de estos casos, según el anuncio del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. Para calificar para este proceso acelerado, las familias deben ser detenidas “entre los puertos de entrada el viernes 28 de mayo de 2021 o después, colocadas en un proceso de deportación e inscritas en Alternativas a la Detención (ATD)”, decía el anuncio.


Fotografía de Daniel Dreifuss


El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en el anuncio que el nuevo proceso es necesario para mejorar la equidad y eficiencia de la decisión de casos.


Mayorkas agregó que “las familias que han llegado recientemente no deben languidecer en un atraso de varios años; el anuncio de hoy es un paso importante tanto para la justicia como para la seguridad fronteriza”, declaró.


El retraso en los tribunales de inmigración de Estados Unidos aumentó drásticamente durante la administración Trump, dejando casi 1.3 millones de casos de deportación pendientes a principios de 2021, según los datos de la organización no lucrativa Transactional Resource Access Clearinghouse (TRAC).


A fines de diciembre de 2020, más de 17 mil casos estaban atrasados en los tribunales de inmigración de El Paso, con un tiempo de espera promedio para una audiencia de 715 días y una espera máxima de 3 mil 738 días. El anuncio del viernes dijo que el proceso de expediente dedicado generalmente tomaría una decisión dentro de los 300 días.


Rivas dijo que es importante considerar el anuncio del viernes en el contexto del legado de la administración Trump y las políticas contra el asilo que siguen vigentes bajo la administración Biden.


“Lo que hizo la administración Trump fue esencialmente tratar de borrar el asilo y eliminar las protecciones de asilo para tantos”, dijo Rivas. “El hecho de que la administración Biden no haya restaurado algunas de estas cosas antes de anunciar algo como esto, creo que realmente pierde de vista lo que es realmente crucial aquí, que es la protección de las personas que lo necesitan desesperadamente”.


Los migrantes tienen derecho a buscar asilo en los Estados Unidos, reconocido tanto en el derecho nacional como en el internacional. El Título 42, una política de la era Trump que permite la rápida expulsión de migrantes sin proporcionar acceso a los componentes estándar del proceso de solicitud de asilo, se ha mantenido bajo la naciente administración Biden a pesar de un coro de críticas por parte de defensores de la inmigración.


Los abogados y defensores de la inmigración expresaron fuertes preocupaciones sobre la nueva política de la Corte de inmigración en Twitter el viernes por la mañana.


Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, calificó el plan de representación legal de migrantes como “injusto”.


Chen amplió sus comentarios en una declaración escrita a El Paso Matters, explicando que se intentó un proceso de expediente familiar similar durante la administración de Obama con “resultados terriblemente injustos”.


“Es una farsa que el sistema de justicia de Estados Unidos todavía no garantice un abogado y continúe deportando a las familias de regreso al peligro sin darles una audiencia justa”, dijo Chen.


“Hoy, el Departamento de Justicia y el DHS repitieron varias veces las palabras justicia y debido proceso; ahora deben cumplir esas promesas y asegurarse de que ninguna familia sea deportada sin un día justo en la Corte”.


Un informe de TRAC, una organización de investigación de tribunales federales con sede en la Universidad de Syracuse, analizó casos de expedientes durante la administración de Obama entre 2014 y 2016 y encontró que el 70 por ciento de las familias no tenían representación legal.


Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo que esta vez probablemente veremos números similares en términos de representación legal entre los solicitantes de asilo, a menos que se establezcan más mecanismos para garantizar el acceso a un asesor legal.


“Hemos visto a dos administraciones anteriores utilizar esta adjudicación acelerada, y en ambas situaciones, muchas personas pasaron por un proceso judicial sin el tiempo que necesitaban para prepararse para sus casos y encontrar un abogado, por lo que seguimos preocupados de que un tercer intento pueda fracasar víctima del mismo problema”, dijo Reichlin-Melnick.


Reichlin-Melnick describió el proceso del expediente acelerado como “el camino equivocado a seguir” en un tuit el viernes por la mañana.


Rivas dijo que las organizaciones sin fines de lucro locales, como Las Américas y los Servicios Diocesanos para Refugiados Migrantes en El Paso, terminarán soportando la peor parte del trabajo para la adjudicación acelerada, lo cual es difícil cuando no hay promesas de financiamiento adicional y no hubo conversaciones con organizaciones sin fines de lucro locales antes del anuncio.


A menos que la administración de Biden realice cambios sustanciales en el acceso a asesoría legal entre los solicitantes de asilo, Rivas dijo que es probable que las consecuencias del anuncio del viernes impliquen graves impactos en el debido proceso.


“Nos encantaría ver un compromiso más fuerte por parte de Biden para garantizar el acceso real a un abogado, y que realmente lo proporcione el Gobierno. Eso es algo audaz, es algo realmente necesario, y no parece que estemos ni cerca de eso. No parece que a eso se dirija la administración de Biden”, dijo.

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