El presidente electo prometió implementar una política fronteriza más humana. Pero las economías devastadas y los desastres naturales en América Latina han provocado un aumento en la migración que podría dificultar el cumplimiento de las promesas.
Fotografía de Adriana Zehbrauskas
SASABE, Arizona — Era una mañana helada de diciembre cuando la Patrulla Fronteriza avistó a los dos migrantes en medio de una maraña de arbustos, para ese entonces llevaban seis días vagando sin rumbo en el desierto. Se habían perdido en el último tramo de una travesía de un mes desde Guatemala, en la que solo se encontraron con manadas de pecaríes, coyotes solitarios y cactus punzantes mientras caminaban tambaleantes hacia el norte. Agotados, sedientos y con frío, no se resistieron al arresto.
Menos de dos horas después, los agentes ya los habían sometido al procedimiento jurídico correspondiente y los trasladaron al otro lado de la frontera, a México. Alfonso Mena, con pantalones de mezclilla rotos en las rodillas, temblaba al lado de su compañero en una banca a menos de 274 metros de Arizona y lloraba de manera desesperada.
“¿Qué no harías para ayudar a tus hijos a salir adelante?”, dijo. En Houston, le esperaba un trabajo como jardinero, afirmó, y su familia contaba con él. “No somos malas personas. Venimos a trabajar”. No era la primera vez que intentaba entrar a Estados Unidos. Y lo más probable es que no fuera la última.
Las entradas no autorizadas al país están aumentando como un desafío al cierre que impuso en la frontera el presidente Donald Trump durante la pandemia y, al parecer, podría ser el primer reto a la promesa del presidente electo Joe Biden de adoptar una política más compasiva a lo largo de la frontera de 1770 kilómetros de Estados Unidos con México.
Tras un declive significativo de cruces fronterizos durante la mayor parte de este año, las capturas de migrantes no autorizados en la frontera Arizona-México de nuevo están al alza: las detenciones en octubre se incrementaron un 30 por ciento comparadas con las de septiembre, y se prevé que la cifra sea aún mayor en los próximos meses, a pesar del clima helado del desierto sonorense.
Fotografía de Adriana Zehbrauskas
Las cifras en aumento sugieren que la política de expulsión del gobierno de Trump, una medida de emergencia para frenar la propagación del coronavirus, está motivando a los migrantes a hacer intentos repetidos de entrar, por rincones cada vez más remotos, hasta lograr cruzar la frontera sin ser vistos.
Además, es muy probable que ellos sean la punta de lanza de una oleada mucho más grande dirigida a la frontera, según dicen los analistas de inmigración; a medida que una economía cada vez más debilitada en Centroamérica, el desastre causado por los huracanes Eta e Iota y las expectativas en torno a una política más permisiva en la frontera estadounidense motivan a cantidades cada vez mayores de personas a viajar a Estados Unidos.
Nuevas caravanas de migrantes se formaron en Honduras en las últimas semanas, pese al confinamiento impuesto en la nación debido al coronavirus, con el fin de emprender la travesía hacia Estados Unidos, pero se les impidió salir del territorio. Además, la pandemia ha diezmado el sustento de muchos en México, lo cual ha propiciado un incremento de migración desde este país tras una disminución consecutiva de 15 años.
“Las presiones que han causado la afluencia en el pasado no han cesado y, de hecho, han empeorado debido a la pandemia. Si se percibe que habrá políticas más humanas, es muy probable que haya un aumento de llegadas a la frontera”, dijo T. Alexander Aleinikoff, director del Instituto Zolberg de Migración y Movilidad de The New School en Nueva York.
“Eso no significa que esa afluencia no pueda manejarse adecuadamente con un conjunto integral de políticas muy diferentes a las de Trump”, afirmó Aleinikoff, “pero se necesita una burocracia de buen funcionamiento para manejarlas”.
Biden ha prometido empezar a deshacer el “daño” provocado por las políticas fronterizas del gobierno de Trump. Ha declarado que acabará con un programa que ha enviado de vuelta a México a decenas de miles de solicitantes de asilo y que restaurará el papel histórico del país como un refugio seguro para las personas que huyen de la persecución.
Sin embargo, revertir las políticas del gobierno de Trump con rapidez podría interpretarse como abrir las puertas del país de par en par, lo cual supone el riesgo de incitar una ola de personas en la frontera que pronto podría derivar en una crisis humanitaria.
Cuando el gobierno de Trump se enfrentó a cantidades crecientes de familias y niños sin acompañantes que huían de Centroamérica, declaró que los migrantes estaban aprovechándose del sistema de solicitud de asilo para entrar a Estados Unidos e instauró una serie de medidas punitivas de disuasión.
Después de la brutal política de “cero tolerancia” de 2018 que separó a niños de sus padres, el año pasado, el gobierno de Trump implementó los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), también conocido como el programa “Permanecer en México”, con lo que obligó a unos 67.000 solicitantes de asilo a esperar sus audiencias de inmigración en el lado sur de la frontera.
La política hizo que la gente se quedara varada en campamentos improvisados, sucios y controlados por pandillas. No obstante, generó los resultados deseados de reducir la afluencia de manera considerable y convencer a miles de migrantes que ya estaban en la frontera de darse la vuelta y regresar a casa.
Como la política de “Permanecer en México” no está codificada como norma, puede ser anulada de inmediato por el presidente electo.
Sin embargo, la imagen de Estados Unidos recibiendo a grandes cantidades de migrantes, o encerrándolos en centros fronterizos, crearía una pesadilla de relaciones públicas para el nuevo gobierno y casi con toda seguridad atraería críticas condenatorias, por distintos motivos, por parte de quienes abogan por mayores restricciones a la inmigración así como de los activistas a favor de los inmigrantes.
“El nuevo gobierno tendrá que encontrar la manera de contener la migración desenfrenada y no autorizada con una política humana y, a la vez, lidiar con las personas que solicitan asilo de una forma expedita que reconozca sus declaraciones legítimas”, dijo Michael Chertoff, quien fue secretario de Seguridad Nacional durante el gobierno de Bush.
“No va a suceder que todos son bienvenidos diez minutos después de la ceremonia de investidura presidencial”, afirmó Chertoff.
Fotografía de Adriana Zehbrauskas
Cualquier paso en falso correría el riesgo de repetir las equivocaciones de 2014 y 2016, cuando el gobierno de Obama tuvo que apresurarse a contener una afluencia caótica de migrantesprovenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los grupos defensores de derechos humanos se indignaron cuando familias y niños fueron encerrados y las deportaciones se aceleraron. Los opositores intransigentes de la inmigración atacaron a Obama por permitir que decenas de miles de personas entraran a Estados Unidos y permanecieran en el país mientras sus casos de solicitud de asilo se procesaban en los tribunales, lo cual puede tardar años.
Y aunque Biden ha afirmado que frenará la construcción del muro, el proyecto insignia de Trump, no hay indicios de que su gobierno vaya a dejar de desplegar agentes en el campo y tecnología sofisticada para capturar a aquellos que crucen la frontera.
Clasificar y atender a los solicitantes de asilo de manera rápida y eficaz requeriría la intervención de más jueces. Las personas cuyas declaraciones no tengan suficiente fundamento tendrían que ser deportadas con celeridad. Se podrían reclutar trabajadores sociales, en lugar de agentes fronterizos, para tratar con los niños que cruzan la frontera. También se está considerando establecer un programa de gestión de casos a fin de garantizar que las familias se presenten a sus audiencias en los tribunales.
El gobierno de Biden buscará mejorar las condiciones en Centroamérica y solicitar la cooperación de México. En 2015, el exvicepresidente consiguió un apoyo bipartidista para destinar millones de dólares a asistencia para esos países, un apoyo que luego Trump congeló en su mayor parte, además, ha prometido combatir “las causas subyacentes que orillan a las personas desesperadas a huir de sus países de origen en primer lugar”. No obstante, el gobierno entrante no ha dicho nada con respecto al Título 42, la ley de emergencia de salud pública que el gobierno de Trump invocó para justificar la expulsión inmediata de migrantes no autorizados hacia su último país de tránsito. Desde su promulgación en marzo, unos 300.000 migrantes, incluidos muchos que cruzaron hace poco en Arizona, han sido expulsados. Irónicamente, la orden ha provocado un repunte de migrantes que intentan escabullirse hacia Estados Unidos. El hecho de que los dejen en la estación fronteriza, en lugar de deportarlos y enviarlos en avión de vuelta a sus países de origen, crea una oportunidad sencilla para intentarlo de nuevo. A lo largo del arriesgado corredor migratorio en Arizona, donde las temperaturas bajaron a 2,7 grados Celsius bajo cero el fin de semana pasado, los agentes de la Patrulla Fronteriza respondieron a diez llamadas diferentes de migrantes al 911, y rescataron a más de dos docenas de hombres, mujeres y niños, entre ellos tres niños menores de 5 años. “Antes, todos se entregaban nada más”, dijo John Mennell, portavoz de la Patrulla Fronteriza en Arizona. “Ahora han vuelto a correr y esconderse. Esas son las personas que suelen perderse. Los contrabandistas los abandonan; pierden cobertura celular y corren hasta que ya no pueden dar otro paso”. El examinador médico del condado de Pima, que atiende el tramo más peligroso, ha recuperado los cuerpos de 216 migrantes en lo que va de este año, la cifra más elevada en una década y la segunda más alta desde que empezó a llevarse este registro en el año 2000. Gregory Hess, el examinador médico principal y patólogo forense, dijo que muchas de las regiones donde la gente cruza son despiadadas. “Si algo sale mal y se te acaba el agua, no puedes sobrevivir con lo que hay a tu alrededor. No hay ningún río con caudal”, explicó. Durante seis noches en el desierto, Mena y su compañero de viaje, Diego Palux, se acurrucaron para dormir en arroyos secos, que ayudaron a protegerlos de los vientos helados que levantaban la tierra y los desechos a su alrededor, según narraron. Habían pedido dinero prestado para contratar a coyotes, contrabandistas que cobran hasta 15.000 dólares para guiar a los migrantes por el terreno accidentado y las montañas rocosas, hacia Estados Unidos. No obstante, se perdieron en un tramo repleto de cactus que se extendía hacia el horizonte. Para cuando los agentes los encontraron, ya no tenían comida ni agua en sus mochilas camufladas. Sin embargo, al cabo de dos horas, ya estaban de vuelta en México, entre otros cien migrantes que habían sido detenidos cerca de Sasabe.
Artículo tomado de nytimes.com
https://www.nytimes.com/es/2020/12/15/espanol/estados-unidos/frontera-biden.html