La delincuencia organizada, la violencia “común”, la discriminación, la pobreza y ahora el covid-19 acechan a los migrantes que deben esperar en México una respuesta a su solicitud de asilo en EU conforme al acuerdo entre los gobiernos de AMLO y Trump
La delincuencia organizada, la violencia “común”, la discriminación, la pobreza y ahora el covid-19 acechan a los migrantes que deben esperar en México el resultado de sus trámites para recibir asilo en Estados Unidos, conforme al acuerdo migratorio entre los gobiernos de López Obrador y Donald Trump. Por esa razón, organizaciones defensoras de los derechos humanos elaboraron el informe En la boca del lobo…, sobre esta alarmante situación, y siguen litigando contra ese acuerdo en ambos países.
Cerca de Rosarito, en Baja California, al lado de un paisano cubano y un migrante hondureño, David atestiguó uno de los 2 mil 604 homicidios dolosos –mil 880 de ellos con arma de fuego– que hubo en Baja California en 2019.
“Íbamos a chapear (deshierbar) un terreno con machete, de repente veo que un muchacho como de 16 años, caminando, saca una pistola y ¡pa, pa, pa!, dispara contra un hombre de unos 40 años. Nunca había visto eso en mi vida, pero lo que más me espantó es que nadie hiciera nada. Miré para atrás y me volví a mi casa, ese día no fui a trabajar”, cuenta el migrante a Proceso.
Tenía apenas cuatro meses en Tijuana, después de salir de Cuba el 16 de abril de 2019, cuando David se topó con la violencia que se vive en esa ciudad fronteriza, donde se encuentra atrapado bajo los Migration Protection Protocols (MPP), conocidos al sur de la frontera de Estados Unidos como “Quédate en México”.
En espera de la tramitación de su solicitud de asilo en Estados Unidos, David, quien es afrodescendiente, ha sido defraudado, extorsionado para poder residir en una colonia de Tijuana, víctima de discriminación por su edad y su tono de piel, y ha conocido migrantes golpeados y asaltados por no tener dónde pernoctar y quienes fueron perseguidos hasta el puente fronterizo por sicarios o maltratados por policías para quitarles los pocos pesos que han podido ganar mientras esperan respuesta de las cortes estadunidenses.
De 58 años, con una licenciatura en Economía, David ha tenido que trabajar de albañil, vigilante, ayudante en un supermercado, en la maquila, de peón, y ha recurrido a organizaciones sociales para atención médica.
“López Obrador dijo que le iba a dar trabajo a todo aquel que se quedara aquí cuando nos sacaran de Estados Unidos, que había un acuerdo; eso es mentira, no es cierto.
“La realidad es que llegas a (el Instituto Nacional de) Migración, te dan un papel y te dicen: ‘Con ese papel puedes trabajar donde quieras’. Recorrí más de 50 lugares con ese papel y resulta que no sirve, que debo tener una (credencial) del INE, un RFC, el número de seguridad social… Los migrantes estamos trabajando sin documentación porque tenemos que sobrevivir”.
David es uno de los migrantes que colaboró con su testimonio en la elaboración del informe En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a los derechos humanos de personas sujetas al programa Quédate en México, coordinado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) en colaboración con el Instituto para las Mujeres en la Migración, Asylum Access México y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
El documento, que se presenta el martes 15, es el producto de un año de trabajo de campo, de litigio ante el Poder Judicial con solicitudes de amparo, de sistematización de informes realizados por organizaciones civiles así como de información pública sobre los impactos que ha tenido Quédate en México o MPP, programa en el que estaban registrados hasta noviembre pasado 68 mil 430 personas en situación de migración y en vulnerabilidad extrema por la pandemia de covid-19.
El informe retoma la investigación de Human Rights First, la cual documentó que mil 114 personas inscritas en Quédate en México fueron víctimas de secuestro, violación, extorsión, tortura y asesinato; de esa cifra, 256 niñas y niños fueron víctimas de secuestro o intento de secuestro.
Artículo tomado de Proceso