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Familias de Guerrero logran cruzar a EU para pedir asilo con el fin del programa 'Quédate en México'

Actualizado: 15 mar 2021


Sandra Ocampo fue expulsada en agosto con su hijo recién nacido y ahora pudo cruzar la frontera legalmente. Las autoridades de EU aceptaron a los mexicanos del campamento de Matamoros a pesar de que no estaban dentro del programa.


Fotografía Cuartoscuro


Sandra Ocampo Atanasio, de 26 años, es una de las primeras mexicanas que cruza a Estados Unidos para pedir asilo desde hace más de un año. En febrero de 2020 llegó con su esposo y sus hijos a Matamoros, Tamaulipas, huyendo de la violencia de Guerrero. Pero se atravesó la pandemia por COVID-19 y el expresidente Donald Trump cerró las fronteras, suprimiendo el derecho a solicitar refugio. Durante un año malvivió en el campamento levantado a orillas del Río Bravo. Su desesperación llegó hasta tal punto que llegó a saltar al Río Bravo embarazada de nueve meses en agosto de 2020. Pero fue detenida, dio a luz y la devolvieron a México con su recién nacido estadounidense en brazos. El pasado 3 de marzo logró cruzar la frontera al ser incluida dentro de los grupos recibidos al otro lado de la frontera tras la decisión de Joe Biden de abrir las puertas a 25 mil solicitantes de asilo que habían sido expulsados por el programa “Quédate en México”.



Fotografía de Dulio Rodríguez


“Fuimos de los últimos en entrar. Ya casi pensábamos que no nos incluirían, pero al final lo conseguimos”, dice Ocampo Atanasio en entrevista telefónica desde Georgia, donde se ha instalado en casa de un familiar. Su voz suena radiante. Se está cumpliendo todo lo que soñó cuando se marchó a la carrera de Tecpán de Galeana, Guerrero, por miedo a ser la próxima víctima del crimen organizado. Estaba embarazada de Joshua, su tercer hijo, su tío había sido asesinado y el crimen organizado ya rondaba a otros miembros de su familia. Así que ella y su esposo decidieron que, si México era incapaz de protegerles, deberían ir a probar suerte a otro país.

Suerte. O casualidad. O estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Una mezcla de todo esto es lo que, en última instancia, ha permitido que la familia de Ocampo Atanasio y un puñado de mexicanos más logren cruzar a Estados Unidos. Durante un año sufrieron las penurias del campamento: malas condiciones higiénicas, hacinamiento, incertidumbre. Eso fue lo que les permitió cruzar. Pero son una excepción y lo saben.

Actualmente nadie puede pedir asilo al otro lado de la frontera. Aunque el presidente Biden ha tomado medidas que flexibilizan las condiciones de migrantes y solicitantes de refugio, sigue vigente el Título 42, una norma que suspende las garantías en la frontera y que impide que nadie pueda pedir protección bajo la excusa de la emergencia por COVID-19. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), más de medio millón de personas fueron devueltas a México desde marzo de 2020 según esta nueva normativa. La gran mayoría de ellas eran mexicanos, como Ocampo Atanasio.


Fotografía de AFP


En realidad, el plan de puertas abierta de Biden estaba dirigido únicamente a quienes tenían su caso abierto dentro de “Quédate en México”. Este fue el programa pactado entre Trump y Andrés Manuel López Obrador para dificultar el acceso al refugio de los centroamericanos y que provocó la expulsión de más de 70 mil personas a ciudades peligrosas como Matamoros. El nuevo mandatario estadounidense lo terminó nada más llegar a la Casa Blanca y anunció que los afectados podrían seguir su caso al interior del país. Pero esto dejaba fuera a Ocampo Atanasio y su familia, que llegaron a la frontera y no tuvieron tiempo de pedir asilo porque las puertas se cerraron por la COVID-19.

Los mexicanos pudieron aprovechar la decisión de acabar con el campamento. Ellos llevaban viviendo en esa miserable sucesión de carpas tanto tiempo como muchos de sus compañeros. Así que, en el momento de hacer el censo, fueron incluidos.

Animal Político consultó con Acnur sobre el proceso, pero la institución respondió que no hace referencias a casos individuales como parte del protocolo para su protección. Sí que recordó que “cualquier persona que sufra violencia o persecución tiene el derecho básico de pedir asilo y debe poder acceder a procesos humanos, seguros y eficientes”.

Eso es lo que, durante los últimos años, Estados Unidos negó a centroamericanos y, también, a mexicanos.

El campamento de Matamoros llegó a tener 2 mil 500 habitantes en sus momentos de mayor afluencia. Aunque en su cierre había menguado. Allí convivía la miseria y la desesperación con el miedo al crimen organizado, que es el que controla la frontera. Según el Instituto Nacional de Migración (INM), un total de 731 personas abandonó el campamento de Matamoros para cruzar a Estados Unidos tras el anuncio de Biden de que los recibiría. No hay cifras exactas sobre cuántos de ellos eran mexicanos, aunque Ocampo Atanasio cree que no eran más de 15 familias. Atrás quedaron unas 70 personas, centroamericanos en su mayoría, con el caso de asilo cerrado o con orden de deportación en EU. Actualmente se encuentran en la casa del migrante de Matamoros.


Articulo tomado de animalpolitico.com

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