Una inusual solicitud estadounidense llevó a las autoridades guatemaltecas a desarticular una red de tráfico de migrantes hacia el país del norte, lo que subraya el interés de Washington por reducir la migración irregular persiguiendo a sus facilitadores.
En un operativo a comienzos de agosto, la policía guatemalteca detuvo a 19 presuntos miembros de una organización conocida como Alfa Siete. El grupo generaba casi US$2 millones ayudando a migrantes a cruzar de manera irregular entre Guatemala y Estados Unidos, según un comunicado de prensa del Ministerio de Gobernación del país centroamericano.
Fotografía de Daniel Ochoa Olza
Sin embargo, tal parece que se clasificó a los Alfa Siete como responsables de "trata de personas", un delito que implica el traslado de personas contra su voluntad, en oposición al “tráfico de personas”, mediante el cual la gente paga a las bandas criminales por ayuda para cruzar fronteras nacionales sin los permisos o documentos reglamentarios.
Estados Unidos busca la extradición de cuatro figuras de Alfa Siete. A todos ellos se los acusa de conspirar para facilitar el desplazamiento de grandes números de migrantes de Guatemala a Estados Unidos entre agosto de 2019 y abril de 2022, según actas de imputación hechas públicas por el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense.
Los cuatro están imputados por la muerte accidental de una migrante guatemalteca en Texas en abril de 2021. Después de pagar casi US$10.000 a los traficantes para llegar a Estados Unidos, la migrante murió en la travesía de varios días por el desierto.
Las exorbitantes cifras son cada vez más comunes. El endurecimiento de los controles estadounidenses están llevando a los migrantes a pagar entre US$2.000 y US$7.000 por los servicios de coyotaje entre México y Estados Unidos, y como informó Reuters el 1 de agosto se promocionan rutas más seguras por varias veces ese precio.
Alfa Siete cobraba hasta US$10.000 y US$12.000 por llevar a personas de Guatemala hasta México y cruzar la frontera con el vecino del norte, según el DOJ.
Análisis de InSight Crime
Las extradiciones hacia Estados Unidos de traficantes de migrantes han sido raras en Latinoamérica hasta ahora, pero van en aumento en línea con los flujos récord de migración, y las muertes, en las zonas fronterizas entre Estados Unidos y México.
“La administración Biden ha declarado prioridad específica la judicialización de los traficantes de personas, con la creación de un Plan de Acción Nacional, la nueva 'Fuerza de Tarea Conjunta Alfa', del DOJ, y una Fuerza de Tarea Interagencias que depende de la Casa Blanca”, anotó Adam Isacson, director de la Veeduría de Defensa para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Fotografía de Noticias Telemundo.
De esta manera, ciertos funcionarios estadounidenses han confundido la trata de personas, que explota a personas contra su voluntad, con el tráfico de personas, que presta un servicio solicitado voluntariamente. Otros están enviando de manera agresiva el mensaje de que las muertes de los migrantes son resultado de traficantes de personas sanguinarios.
Esto último tiene algo de verdad. Desde 2019, el tráfico de personas de México a Estados Unidos ha pasado de ser una actividad informal, contratada a destajo para convertirse en una economía criminal muy organizada que puede generar una renta hasta de US$13 millones anuales, según un artículo reciente del New York Times.
En el estado fronterizo de Tamaulipas, el New York Times halló que algunas facciones del Cartel del Golfo y Los Zetas pasaron de solo cobrar una cuota a los coyotes (término popular que designa a los traficantes de personas) a dirigir sus propias operaciones de tráfico.
De igual manera, el tráfico de migrantes en el oeste de Guatemala parece haberse sofisticado y ganado en rentabilidad, pues es operado por clanes familiares con conexiones políticas, que lavan sus ganancias y han llegado a amenazar a las familias de los migrantes.
Pero el enfoque en la judicialización de los traficantes tiene pocas opciones de hacer una diferencia real sobre los grandes números de migrantes que se dirigen a Estados Unidos. En contraste, la inercia del gobierno estadounidense para derogar el Título 42, política de la era Trump que establece la deportación inmediata de los solicitantes de asilo, sigue restringiendo de manera dramática las vías de reubicación legal, lo que lleva a un número cada vez mayor de migrantes a buscar los servicios de los traficantes.
Articulo tomado de es.insightcrime.org