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El gobierno de EE. UU. está demandando a Texas: te explicamos por qué

Una nueva batalla legal enfrenta al estado de Texas contra el gobierno federal en materia migratoria.


El gobierno del presidente Joe Biden ha demandado al estado de Texas por una nueva ley estatal que le daría licencia a policías estatales y locales para detener a los migrantes que cruzan desde México sin autorización.

Una corte federal en Austin escuchó tres horas de argumentos el jueves para decidir si se va a detener la aplicación de la ley, que entraría en vigor el 5 de marzo.


El caso tiene profundas implicaciones para el futuro de la ley migratoria y la aplicación de las leyes fronterizas en Estados Unidos, y ha sido seguido de cerca en todo el país. Esto sucede en medio de una feroz lucha entre los partidos políticos —y también dentro de ellos— sobre cómo manejar la inmigración ilegal, y surge tras el juicio político del secretario de Seguridad Nacional por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes y del fracaso de un acuerdo bipartidista en el Senado que buscaba reforzar la seguridad en la frontera.

Texas argumentó que su ley es necesaria para disuadir a los migrantes de cruzar ilegalmente, como ha ocurrido en cifras récord durante el último año. El gobierno de Biden argumenta que entra en conflicto con la ley federal y que viola la Constitución estadounidense, la cual le otorga al gobierno federal jurisdicción en materia de inmigración.

El juez encargado del caso, David A. Ezra, del Distrito Oeste de Texas, fue nombrado por el presidente Ronald Reagan. Hizo preguntas con frecuencia, sobre todo cuando habló el abogado que representa al fiscal general de Texas, y parecía ser escéptico de la ley.

“Digamos, hablando hipotéticamente, que estoy de acuerdo con usted”, dijo el juez Ezra a Ryan Walters, el abogado del estado. California podría entonces querer aprobar su propia ley de migración y deportación, dijo. Tal vez entonces Maine también quiere hacerlo, y luego otros estados, añadió.

“Eso nos convertiría de los Estados Unidos de América a una confederación de estados”, dijo el juez Ezra. “Qué pesadilla”.


La ley aprobada por la Legislatura de Texas, conocida como Senate Bill 4 o SB 4, tipifica como delito cruzar al estado desde un país extranjero por cualquier otro lugar que no sea un puerto de entrada legal, que normalmente se refiere a los puentes internacionales desde México.

Según la SB 4, cualquier migrante visto por la policía cruzando el río Grande puede ser detenido e imputado en una corte estatal con un delito menor cuando se trata de la primera infracción. Una segunda infracción sería un delito grave. Tras ser detenidos, los migrantes podrían ser obligados a regresar a México durante el proceso penal, o ser sometidos a juicio si se niegan a hacerlo.

Los legisladores de Texas dijeron que habían diseñado la SB 4 para ser similar a la ley federal, que ya prohíbe la entrada ilegal. La nueva ley permite a los policías estatales de todo Texas llevar a cabo lo que hasta ahora ha sido el trabajo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. También permite que los migrantes sean enjuiciados por el nuevo delito hasta dos años después de cruzar a Texas.


Los abogados del gobierno de Biden argumentan que la ley de Texas entra en conflicto con numerosas leyes federales que han sido aprobadas por el Congreso y que establecen un proceso para tramitar los procedimientos de inmigración y las deportaciones.

El gobierno afirma que la ley interfiere con el papel del gobierno federal en la diplomacia exterior, destacando las quejas que el gobierno de México ya ha presentado contra las acciones fronterizas de Texas. Las autoridades mexicanas dijeron que “rechazaban” cualquier legislación que permitiera a las autoridades estatales o locales enviar a los migrantes, la mayoría de los cuales no son mexicanos, de vuelta a México a través de la frontera.

Es probable que la lucha por la ley acabe ante la Corte Suprema de EE. UU., según los expertos jurídicos. De ser así, le daría a la mayoría conservadora (6 contra 3) la oportunidad de volver a examinar un caso de 2012 que surgió cuando Arizona intentó asumir las responsabilidades de aplicar la ley migratoria. En ese caso, Arizona contra Estados Unidos, la corte se decidió por un estrecho margen a favor del poder del gobierno federal para establecer la política de inmigración.

Organizaciones de migrantes, defensores de los derechos civiles y algunos demócratas de Texas han criticado la ley porque podría dificultar la solicitud de asilo de los migrantes perseguidos en sus países de origen, y no protege a los solicitantes legítimos de asilo de ser procesados en las cortes estatales. Los críticos también han dicho que la ley podría dar lugar a la discriminación racial porque permite a los policías, aunque estén lejos de la frontera, detener a cualquier persona que sospechen que ha entrado ilegalmente en los últimos dos años. Advierten que el resultado podría llevar a detenciones de tráfico indebidas y arrestos de cualquier persona que parezca hispana.


En este caso no.

Texas y el gobierno de Biden llevan meses peleándose sobre la aplicación de la ley migratoria en varios frentes legales. Uno de los casos involucra la instalación de una barrera de boyas de casi 305 metros en medio del río Grande por parte de Texas, que según el gobernador Greg Abbott desalentaría a los migrantes de cruzarlo. El gobierno federal presentó una demanda, alegando que la barrera violaba una ley federal sobre ríos navegables. En diciembre, una corte federal de apelaciones le dio la razón al gobierno de Biden y ordenó a Texas que retirara la barrera en medio del río mientras el caso seguía adelante.

Un segundo caso involucra a los agentes de la Patrulla Fronteriza que cortaron o retiraron alambres de púas —instalados por las autoridades de Texas en las orillas del río Grande— en los casos donde tenían que ayudar a los migrantes en el río o detener a personas que habían cruzado la frontera. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda alegando que los agentes de la Patrulla Fronteriza que retiraron el alambre estaban destruyendo propiedad estatal.

Fue una lucha por una orden judicial en ese caso la que llegó a la Corte Suprema con una solicitud de emergencia. Los jueces, sin dar sus razones, se pusieron del lado del gobierno de Biden, permitiendo a los agentes fronterizos cortar o retirar la alambrada cuando sea necesario mientras se escuchan nuevos argumentos sobre el caso en las cortes inferiores.


A diferencia de los otros casos, la batalla sobre la ley SB 4 implica un desafío directo por parte de Texas a la labor que las cortes y los expertos jurídicos han dicho que es únicamente del gobierno federal: arrestar, detener y posiblemente deportar a los migrantes en las fronteras de la nación.

“Será una decisión trascendental”, dijo Fatma E. Marouf, profesora de leyes y directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad A&M de Texas. “Si confirman esta ley, será un mundo completamente nuevo. Es difícil imaginar que no podría hacer Texas, si esto se permite”.

El gobierno federal está solicitando una medida cautelar para impedir que la ley entre en vigor el mes que viene. “La SB 4 es claramente inválida en virtud de los precedentes establecidos”, dijo Brian Boynton, quien representó el caso del Departamento de Justicia.

“No hay nada en la SB 4 que le otorgue a las personas los mismos derechos que tienen en la ley federal”, dijo, añadiendo más tarde que la ley interferiría con los asuntos exteriores y las acciones del Departamento de Seguridad Nacional.

Los abogados de Texas argumentaron que la nueva ley no entraría en conflicto con la legislación federal vigente. “Se trata de una legislación complementaria”, dijo Walters, abogado del estado. Pero el juez Ezra expresó su preocupación de que la ley no le permitiría a un juez pausar o detener un proceso penal por ingresar ilegalmente a Texas en el caso de que una persona solicite asilo, llamando a esa disposición de la ley de Texas “preocupante” y “muy problemática”. “Es una bofetada para la ley federal de inmigración”, dijo.

Los abogados del estado también argumentaron que el número récord de llegadas de migrantes a la frontera de Texas constituye “una invasión” por lo cual Texas tiene el poder de defenderse de acuerdo al Artículo I, Sección 10 de la Constitución de EE.UU., que prohíbe a los estados entrar en guerra por su cuenta “a menos que sean realmente invadidos”.

El estado ha citado la misma disposición constitucional en los otros casos pendientes entre Texas y el gobierno federal. Pero los expertos jurídicos dijeron que el argumento era novedoso.

El juez Ezra no parecía estar convencido el jueves, como tampoco lo estuvo cuando el mismo argumento se presentó el año pasado en el caso de la barrera de boyas, en el que falló a favor del gobierno federal. “No veo ninguna prueba de que Texas se encuentra en una guerra”, dijo el jueves.


Antes de terminar la sesión, el juez se dirigió a Walters, el abogado de Texas, y le dijo que trabajaría rápidamente para emitir su decisión, de modo que si el estado quisiera apelar antes del 5 de marzo, “pueda hacerlo”. Luego se dirigió a los abogados del gobierno federal y añadió: “Eso va con ustedes también”.


Artículo Por J. David Goodman

Tomado de nytimes.com




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