El 16 de agosto, mientras miles de personas en el aeropuerto de Kabul buscaban desesperadamente salir de Afganistán, el presentador Tucker Carlson, la estrella del prime time de Fox News, advertía a su amplia audiencia sobre una posible invasión a Estados Unidos.
Carlson se ha convertido en una de las principales fuentes de información para la base simpatizante del expresidente Donald Trump y la derecha ultraconservadora estadounidense. Con la misma seguridad con la que ha alimentado las teorías de la conspiración impulsadas por Trump, y legitimado la versión de fraude electoral en las elecciones de 2020, Carlson habló sobre la situación en Afganistán y cerró con una frase tajante: “Vendrán como refugiados, se asentarán aquí, probablemente en nuestros vecindarios, y en una década serán millones. Primero los invadimos a ellos, ahora nos invadirán a nosotros”.
Este cuento de Pedro y el lobo inmigrante-terrorista-robaempleos es bien conocido dentro y fuera del país. Por décadas se ha utilizado la imagen de “el otro” para incentivar el nacionalismo, el racismo y la intolerancia que suelen caracterizar y fortalecer a los regímenes autoritarios. “El otro” es, a conveniencia, refugiado, solicitante de asilo, musulmán, negro, latino, inmigrante. Y aunque las corrientes más progresistas en esos mismos países enarbolan el discurso opuesto, al final el tema queda como un accesorio del discurso de campaña que vuelve a la mesa solo cuando llega la siguiente elección.
El mal manejo del retiro de las tropas estadounidenses en Afganistán por parte de la administración del presidente Joe Biden, y su discurso desafortunado de los días posteriores —implicando que las fuerzas de seguridad y los civiles afganos no han tenido la voluntad para sostener la democracia por sí mismos—, han sacudido la política de Estados Unidos. Aunque en general tanto demócratas como republicanos parecen coincidir en que la salida de las tropas de Afganistán era inminente, el tema de las prioridades para evacuar personas cuya vida peligra bajo el gobierno talibán, y la consiguiente responsabilidad de Estados Unidos de brindarles refugio, ha creado una división que puede incidir en el rumbo de las elecciones intermedias de 2022, en las que se renovará una parte del Congreso.
Hace unos días The New York Times entrevistó a más de 40 demócratas que están preocupados por el impacto del tema Afganistán, sumado al COVID-19, en los resultados de la próxima elección: las y los votantes moderados e independientes que les dieron el triunfo en 2020 podrían cambiar de opinión si pierden la confianza en el actual gobierno. En un momento en el que la balanza en el Congreso se puede inclinar hacia un lado o el otro con, literalmente, un voto de diferencia, lo que está en juego es la continuidad de la agenda legislativa de Biden, y posiblemente su reelección.
La primera gran diferencia entre políticos ha sido en el criterio para evacuar personas de Afganistán. El gobierno y los legisladores más tradicionales de ambos partidos coinciden en la obligación que tiene Estados Unidos de proteger a quienes fueron sus aliados durante muchos años, quienes serán los primeros objetivos de la represalia talibán. De ahí en adelante, se complica el asunto.
Dentro del Partido Republicano, el ala trumpista ha aprovechado el tema para reavivar el discurso nacionalista y xenófobo de los últimos años. En un comunicado del 18 de agosto, Trump denunció el desalojo de afganos en un avión cuando aún quedaban estadounidenses en Kabul. “Este avión tendría que haber estado lleno de estadounidenses”, escribió, rematando con “America First!”. Varios personajes se sumaron al discurso. Stephen Miller, asesor del expresidente, declaró que “Afganistán es un pretexto para hacer en Estados Unidos lo que Merkel hizo a Alemania y Europa”, aludiendo a la recepción de refugiados.
Del lado demócrata, cuatro presidentes de comité en el Congreso han solicitado que se realice una investigación sobre el proceso de retirada de las tropas, y otros miembros relevantes del partido han exigido que el gobierno federal elimine las trabas burocráticas para obtener una visa SIV —para quienes han apoyado a las autoridades o Ejército estadounidenses—; debido al cuello de botella que existe en el procesamiento de solicitudes, esto puede tardar años.
De acuerdo con un reporte de Migration Policy Institute publicado en julio, el programa de visas SIV tiene pendiente de resolver al menos 18,000 casos de aliados afganos y 53,000 integrantes de sus familias; durante el gobierno de Trump, el límite de visas por año se recortó a 15,000. Biden presentó al Congreso un plan para aumentarlas a 62,500. Sin embargo, reconoció que Estados Unidos no tendría la capacidad para recibir esta cantidad de personas este año fiscal ni el siguiente.
Aumentar el límite de personas refugiadas que puede recibir el país envía el mensaje político correcto, tan necesario en estos días para el presidente, pero no obliga a su gobierno a cumplirlo. Estados Unidos y la comunidad internacional tendrían que despolitizar el tema de las y los refugiados de Afganistán para abordarlo con la perspectiva de derechos humanos que usan como argumento para mantener una ocupación militar en la región.
Además de quienes han colaborado de alguna manera con el gobierno estadounidense, o que han encabezado la oposición contra el régimen talibán, existen otras personas vulnerables a las que no se debe ignorar. En Afganistán hay niñas que crecieron yendo a la escuela, y están también quienes construyeron estos espacios para ellas. Hay mujeres que se prepararon para ocupar un cargo en el gobierno. Hay hombres perseguidos por su credo, orientación sexual o convicciones políticas. Todas estas personas son población en riesgo y el resto del mundo debe encontrar estrategias de protección más allá de los pronósticos para la siguiente elección.
En este momento el mayor número de personas desplazadas está llegando a los países vecinos, principalmente Irán y Pakistán. Estas medidas deben ser temporales para no condenarles a vivir por años en un campamento para refugiados dentro de países que ya tienen enormes retos por sí mismos ––como las sanciones económicas sobre Irán del gobierno estadounidense––. Estados Unidos y la Unión Europea suelen externalizar la atención de las personas refugiadas reubicándolas en un tercer país, en ocasiones en circunstancias deplorables. Es preciso crear estrategias para garantizar a las personas desplazadas el acceso a una vivienda, servicios educativos y de salud, reunificación familiar, y un camino a la residencia legal del país donde se asienten. En este sentido, la diáspora afgana en esos países puede ser un recurso de gran utilidad.
Las diferencias políticas dentro de Estados Unidos con respecto al manejo de las y los refugiados afganos pueden acentuar las tensiones dentro de los partidos, pero también representan una oportunidad para que este país se replantee su rol en la escena internacional. Los próximos meses dirán si el Partido Republicano se decanta por su postura tradicional de apoyar a las víctimas de regímenes autoritarios, o por la retórica nacionalista de los Tucker Carlson. En el caso de los demócratas, estará por verse si en esta ocasión pueden actuar como tales.
Artículo tomado de The Washington Post
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