Con la cancelación del Título 42 y el retorno del Título 8, las personas migrantes sin documentos que intenten entrar a territorio estadounidense corren riesgo no sólo de expulsión, sino también de encarcelamiento y de violaciones a sus derechos humanos.
La terminación de la norma “Título 42” en Estados Unidos y el regreso de la medida “Título 8”, a partir del 11 de mayo, está generando controversias y gran temor sobre las políticas migratorias y de refugio, tanto en Estados Unidos como en México y en la región, ya que las personas migrantes sin documentos que intenten entrar a territorio estadounidense corren riesgo no sólo de expulsión, sino también de encarcelamiento y de violaciones a sus derechos humanos.
La orden “Título 42” fue aplicada desde los primeros días de la pandemia de Covid-19 como una medida de salud pública en un intento por detener la propagación del virus, ya que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras consideraba que todas las personas indocumentadas podrían ser “potencialmente un riesgo para la salud", pues eludían las medidas de detección médica y las restricciones de viaje.
Esta medida proviene de la sección del Código de Estados Unidos (Título 42, Sección 264), escrita en 1944 y que permite límites en los cruces fronterizos por razones de salud pública.
De esta manera, los funcionarios fronterizos estadounidenses estaban autorizados para expulsar inmediatamente a los migrantes indocumentados que ingresaran vía terrestre a través de Canadá y México, aunque niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados quedaron exentos de la medida con la llegada de Joe Biden.
Las organizaciones de derechos humanos de las personas migrantes señalamos, desde un principio, que Estados Unidos usó la salud pública de manera inhumana, como pretexto para mantener fuera del país a la mayor cantidad posible de inmigrantes. Personas expertas en salud pública también criticaron la política y dijeron que no estaba justificada por las circunstancias.
Muchos defensores esperaban que Biden levantara la orden cuando asumiera la presidencia, ya que en su campaña prometió, entre otras medidas, construir un sistema de inmigración más humano y una reforma migratoria integral para millones de migrantes indocumentados, así como cambios en las políticas para “dreamers”, lo que no sucedió y seguimos esperando una respuesta adecuada.
Luego, aunque desde el 1 de abril del 2022 las oficinas de Aduana y Protección de Fronteras comunicaron que ya no era necesario aplicar el Título 42, funcionarios de la administración defendieron la norma en tribunales y siguió vigente hasta el 11 de mayo de 2023.
¿Qué implicó la aplicación del Título 42? La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó más de 158 mil detenciones en su frontera sur, en febrero de 2022, según datos de la agencia. Estas cifras incluyen a las personas que intentaron cruzar más de una vez. Human Rights First identificó casi 10 mil casos de secuestro, tortura, violación u otros ataques violentos contra personas bloqueadas o expulsadas a México bajo el “Título 42”.
Fotografía de Joebeth Terriquez/EFE.
Lo que se espera
Ahora, la principal preocupación de las organizaciones de la sociedad civil es la llegada de una ola migratoria sin precedentes, que podría desatar una política de uso de la fuerza pública en ambas fronteras, con medidas violatorias de los derechos humanos. Esto significaría también retornos masivos a nuestro país.
Hay que recordar que en Estados Unidos entrar de una manera indocumentada a su territorio implica sanciones judiciales a diferencia de México, en donde constituye solamente una falta administrativa.
Se calcula que al menos 60 mil personas migrantes intentarán pasar de México a Estados Unidos por diversos puntos de la frontera, entre ellos Tijuana y Ciudad Juárez, los más preocupantes.
Además, la administración Biden planea implementar otras medidas que reducirán drásticamente la capacidad para solicitar asilo en la frontera México-estadounidense. Entre ellas, cambios en la aplicación de CBPone, que será la única forma de buscar una cita para solicitud de asilo en Estados Unidos, ampliando sus horarios de funcionamiento.
A la par, Washington negocia con los gobiernos de Guatemala y Colombia para establecer centros concentradores de solicitudes de asilo en esos países para poder ingresar a los Estados Unidos.
Aún no sabemos cuán agresivas serán las nuevas reglas de prohibición del tránsito de personas migrantes, pero lo que sí sabemos es que su ejecución violenta la Convención de Refugiados de 1951 y la no aceptación de la Convención de Cartagena, que contemplan los principios de no devolución y la violencia generalizada como causal para solicitar asilo, entre otros.
Por si fuera poco, la finalización del “Título 42” está desatando una guerra política con tintes incluso racistas, que podría incidir en las campañas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, tanto en México como en Estados Unidos.
Y en medio de este panorama, de medidas, contramedidas y cálculos políticos, el punto más vulnerable sigue siendo las personas que migran buscando una nueva oportunidad para sobrevivir.
Por Conrado B. Zepeda Miramontes, SJ, director del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) México.
Articulo tomado de animalpolitico.com
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