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La responsabilidad del gobierno mexicano con los solicitantes de asilo en la frontera

Para la mayoría de los solicitantes de asilo, como Gabriela, su estancia en México es una lucha diaria. Salieron de sus países por violencia, falta de empleo, cambio climático y reunificación familiar. En México––lejos de sus familias y comunidades–– han experimentado una violencia más cruda y solitaria, y una discriminación inesperada.


Gabriela, una madre soltera de Honduras, vende donas en las calles de Tijuana para comprar comida y pagar una habitación compartida. A menudo tiene que caminar durante nueve horas para vender las tres docenas que prepara. Lleva un año y medio en la ciudad desde que fue devuelta a México con su hijo de ocho años, después de cruzar la frontera para solicitar asilo en Estados Unidos.


Fotografía tomada de Noticieros Televisa.


Ella es una de las miles de solicitantes de asilo que fueron colocadas en el programa de Protocolos de Protección a Migrantes, (MPP por sus siglas en inglés), también conocido como Quédate en México. En él, los agentes de inmigración estadounidenses devuelven a los solicitantes de asilo no mexicanos a las ciudades fronterizas mexicanas, para que esperen su fecha de audiencia ante un juez estadounidense, en lugar de permitirles llevar sus procesos en libertad en el interior de los Estados Unidos como lo habían hecho anteriormente.

El primer día del mandato de Joe Biden, se anunció la suspensión de nuevos registros en MPP a partir del 21 de enero, y en las últimas semanas empezaron a procesar en Estados Unidos a los solicitantes de asilo con casos activos en MPP. Organizaciones de la sociedad civil en ambos lados de la frontera señalan que esto representa solo el primer paso para restaurar el sistema de asilo, que se ha desmantelado a lo largo de los últimos cuatro años con la implementación de diferentes políticas.

El gobierno de Donald Trump negoció el MPP con el gobierno entrante de López Obrador en noviembre de 2018. En aquel entonces, Trump había mostrado su disgusto por el creciente número de familias que buscaban asilo en la frontera, y uno de sus objetivos era implementar nuevas medidas restrictivas. El gobierno de México acordó aceptar en territorio mexicano a los solicitantes de asilo en Estados Unidos por razones humanitarias y de manera temporal”, con la promesa de brindarles “atención y asistencia humanitaria, comida y vivienda, permisos de trabajo y educación”.

El programa inició el 29 de enero de 2019 en la frontera de Tijuana-San Diego y después se extendió a otras ciudades como Mexicali, Ciudad Juárez, Nogales, Nuevo Laredo, Matamoros y Piedras Negras. Durante los dos años de MPP, más de 70 mil solicitantes de asilo de Centroamérica y Sudamérica fueron retornados a México.

Para la mayoría de los solicitantes de asilo, como Gabriela, su estancia en México ha sido una lucha diaria. Salieron de sus países por violencia, falta de empleo, cambio climático y reunificación familiar. En México––lejos de sus familias y comunidades–– han experimentado una violencia más cruda y solitaria, y una discriminación inesperada.

El objetivo del presente artículo es hacer un recuento de las promesas del gobierno mexicano y la manera en la que los migrantes latinoamericanos han sido recibidos y acogidos en México.


Documentación y permisos de trabajo

Gabriela fue retornada a México sin recibir ningún tipo de información o explicación sobre MPP de ninguno de los dos gobiernos, solamente un aviso de su audiencia en San Diego.

Al ser regresados a México, el Instituto Nacional de Migración (INM) les entregó a ella y los otros solicitantes de asilo una forma migratoria múltiple (FMM) por “razones humanitarias”, vigente hasta su siguiente audiencia ante un juez estadounidense. Esto les otorgaba un estatus legal en México, que debería protegerlos de la deportación y que se supone que serviría como permiso temporal de trabajo implícito, nos explicó Tania García Barajas, Coordinadora de la Clínica Legal de Espacio Migrante. Algunos migrantes también recibieron una CURP con vigencia hasta tres meses, pero no ha sido igual en toda la frontera.

Sin embargo, muchos empleadores no han querido contratar solicitantes de asilo, con o sin documentos. Aquellos que sí encuentran trabajo suelen hacerlo en restaurantes, lavados de autos, comercios locales o vendiendo en la vía pública.

A pesar de que cuenta con la FMM, Gabriela explica que es como vivir indocumentada, pues sufre discriminación constante y ha sido rechazada numerosas veces al buscar empleo en diferentes fábricas. Ha recurrido al empleo informal, vendiendo donas en la calle para salir adelante con su hijo.



Alimentos y vivienda

Otro desafío es encontrar un lugar en donde vivir. Por lo general, los albergues restringen la estadía a unos pocos días o semanas, a pesar de que los solicitantes de asilo deben esperar varios meses o hasta más de un año. Esta espera se ha prolongado por la suspensión de las audiencias de MPP durante la pandemia.

Los recortes de López Obrador al financiamiento federal han afectado la capacidad de muchos albergues para brindar alojamiento y atención básica. El gobierno federal abrió albergues en Tijuana y Ciudad Juárez a finales de 2019, pero actualmente operan entre el 10 y 30 por ciento de su capacidad. Los solicitantes de asilo se han quejado de las condiciones y trato en estos albergues, que parecen más como centros de detención.

La situación ha empeorado durante la pandemia, porque la mayoría de los albergues en Tijuana dejaron de recibir gente, dejando a los migrantes sin vivienda o redes de apoyo. Al buscar por su cuenta, son rechazados con el argumento de “no rentamos a migrantes” o incluso expresiones abiertas de racismo “no rentamos a personas negras”.


Seguridad

Después de huir de la violencia en sus países de origen, las personas retornadas a México se enfrentan a la inseguridad de las ciudades fronterizas. Frecuentemente son secuestradas y asaltadas en albergues, en la vía pública y en su camino de ida o regreso a la corte de inmigración en Estados Unidos. Cientos de personas fueron víctimas de secuestro o robo de sus pertenencias, lo cual les impidió presentarse a sus audiencias, y sus casos fueron negados, y ahora que el programa ha sido eliminado, no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Human Rights First ha documentado más de 1.300 casos denunciados públicamente de ataques violentos contra solicitantes de asilo en MPP.

Además de ser víctimas de la inseguridad pública común, los solicitantes de asilo son presa fácil para polleros, redes de explotación sexual y trata, sobre todo las mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas afrodescendientes, personas indígenas, niñas, niños y adolescentes.


Fotografía tomada de Noticiero Televisa.


Organizaciones de la sociedad civil han denunciado el aumento de detenciones arbitrarias de migrantes por parte de la Policía Municipal y la Guardia Nacional que realizan operativos conjuntos con el INM en la vía pública, e incluso en espacios habitacionales. Los migrantes afrodescendientes son los mas vulnerados por las autoridades mexicanas, que utilizan su perfil racial para detenerles. Se han denunciado casos de extorsión, robo, maltrato, abuso físico y sexual, e incluso migrantes que han perdido la vida en interacciones con la policía en Tijuana.


Salud

La falta de acceso a servicios de salud–un derecho garantizado por la Ley de Migración de 2011– afecta principalmente a las familias, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. El INSABI obstaculiza el acceso a la mayoría de los migrantes, quienes han quedado sin atención médica, por no tener un documento de estancia regular reconocido por esas instituciones como el CURP. Es común que en hospitales públicos y privados les digan “necesitas documentos”, o “solo atendemos a mexicanos”.

Esto se ha complicado aún más durante la pandemia. De acuerdo a Ximena Rojas, partera-enfermera Obstetra en la clínica Justicia en Salud, muchas mujeres migrantes embarazadas han llegado al Hospital Materno Infantil de Tijuana en los últimos meses. Les han respondido que no hay personal médico o camas disponibles, por lo cual deben desplazarse a municipios aledaños como Rosarito y Tecate, en donde también se les ha negado la atención.


Educación

El acceso a la educación es un desafío más para las familias migrantes varadas en México, y muchas niñas y niños siguen sin ir a la escuela. El marco legal mexicano otorga el derecho a la educación a todas las personas, independientemente del estatus migratorio, y a contar con una identificación. Sin embargo, muchas familias migrantes no saben que pueden inscribir a sus hijos a escuelas mexicanas.

Los padres que intentan inscribir a sus hijos enfrentan una serie de problemas, pues muchas escuelas desconocen los lineamientos oficiales. Carlos, el hijo de Gabriela, tiene ocho años y sueña con ser veterinario. Debería estar en tercero de primaria, pero lleva un año y medio en Tijuana sin asistir a la escuela. Gabriela ha pedido información en diferentes escuelas, pero le responden que solo reciben a niños mexicanos, o simplemente que no hay cupo. Esta interrupción resultante en la educación de los niños en MPP es perjudicial para su desarrollo y crecimiento.

En Baja California existe el PROBEM, programa que funge como enlace directo entre las familias migrantes y las escuelas, pero no cuenta con suficiente presupuesto y personal para llegar a las miles de familias migrantes en el estado.


Futuro para los migrantes en México

Desde las negociaciones iniciales al final de 2018, el gobierno mexicano no ha dado mucha información acerca de MPP. Cuando cuestionaron a López Obrador sobre un reporte de las violaciones a los derechos humanos de los solicitantes de asilo, contestó “Nosotros hemos protegido a los migrantes. No ha habido violación a sus derechos humanos”.

Los solicitantes de asilo en Quédate en México tienen otra perspectiva. Katerine, una joven salvadoreña, afirma que “México no está cumpliendo con sus compromisos de ser responsable por los migrantes. Hay personas que han muerto en México, hay personas que han dejado sus sueños atrás, hay personas que han regresado a Centroamérica con miedo de que les puedan hacer daño”.

Pronto Gabriela y personas con casos activos en MPP podrían ser aceptadas en Estados Unidos. Sin embargo, miles de otros solicitantes de asilo esperan en México, por otras políticas implementadas por Trump. Además, debido a la pandemia de COVID-19, los desastres naturales y las preocupaciones de seguridad en Centroamérica y más allá, es probable que los migrantes continúen transitando y asentándose en México en los próximos años. Es responsabilidad del gobierno mexicano dar un paso al frente y garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de estas poblaciones.

* Paulina Olvera Cáñez es maestrante en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de California, San Diego y es directora de la organización Espacio Migrante en Tijuana. Savitri Arvey es maestra en política pública por la Universidad de California, San Diego e investigadora sobre política migratoria y la relación México-Estados Unidos.


articulo tomado de animalpolitico.com


https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/la-responsabilidad-del-gobierno-mexicano-con-los-solicitantes-de-asilo-en-la-frontera/

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