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Así cambió Trump la inmigración legal e ilegal a Estados Unidos, y estos son sus planes futuros.

Familias separadas, inmigrantes deportados o muertos bajo custodia de ICE, restricciones de asilo y ‘green cards’, un muro en la frontera y miles de personas varadas en México. Pero aún hay más.


Pierce es coautora deun extenso informeque repasa las decisiones del Gobierno de Trump en materia de inmigración. El análisis señala que, si bien es cierto que en teoría estas acciones podrían ser revertidass por futuras administraciones, la manera entrelazada y veloz en que fueron establecidas “hace probable que la presidencia de Trump tenga efectos sobre el sistema de inmigración de Estados Unidos por mucho tiempo”. 

El 25 de enero, el presidente emitió un decreto para suspender fondos federales a las llamadas jurisdicciones santuario, aquellas que limitan la colaboración de su policía local con agentes federales de inmigración. Además, ordenó la remoción inmediata de inmigrantes con órdenes de deportación, inmigrantes condenados por un delito penal, y aquellos acusados de un crimen incluso sin haber sido condenados.    

Ese mismo día, y a través de un segundo decreto, Trump abordó su gran promesa de campaña, y ordenó "la construcción inmediata de un muro físico en la frontera sudeste" para "prevenir la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y personas, y actos de terrorismo".

Año tras año, la mayoría de los inmigrantes indocumentados que ingresan al país arriban legalmente en vuelos comerciales y se quedan al vencer sus visas. La mayoría de drogas llegan por puertos de entrada legales. Y el peor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001, fue perpetrado por hombres con visas que viajaron en aviones. Ninguno era mexicano y centroamericano. 

Dos días después de sus primeros dos decretos, Trump sorprendiócon un veto migratorio para miles de personas -incluyendo aquellas con residencia permanente- de  siete países predominantemente musulmanes: Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.  

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comunicó que en los primeros 100 días desde esos decretos, entre el 22 de enero y el 29 de abril de 2017, arrestó a más de 41,000 personas, un aumento de casi 38% frente el mismo periodo de 2016. Casi 13,000 carecían de cargos penales. 

En junio de ese año, la Administración Trump anuló el programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales (DAPA, por su sigla en inglés), que fue creado por el expresidente demócrata Barack Obama para proteger de la deportación a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. 


Y el 5 de septiembre anunció el fin de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), otra medida adoptada por Obama para proteger a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños.

Varios estados demandaron al Gobierno para impedir la cancelación de DACA y, tras varios fallos en contra de Trump, el caso llegó hasta la Corte Suprema, que el 18 de junio de 2020 dictaminó también a favor de los llamados dreamers. Sin embargo, Trump no se ha dado por vencido en su aspiración de poner fin a un programa que beneficia a más de 640,000 jóvenes.

También en septiembre de 2017, Trump amplió su lista de países a los que aplicó restricciones de viaje e incluyó a Chad, Corea del Norte y Venezuela. Luego, su Gobierno anunció que recibiría un máximo de 45,000 refugiados en el año fiscal que corrió del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018. Esta cifra incluía un máximo de 1,500 refugiados de América Latina y el Caribe, menos de un tercio de los 5,000 que había permitido Obama un año antes. El Gobierno sustentó su decisión citando “la seguridad del pueblo estadounidense”. No sería la única vez que Trump reduciría drásticamente el número de refugiados. 

En noviembre del 2017, el Gobierno puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para los nicaragüenses, quienes habían recibido el amparo en 1999 luego de que el huracán Mitch devastara su país. La decisión significaba que más de 5,300 inmigrantes de ese país se quedarían sin permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos a partir de enero de 2019. 

En su primer año, Trump también habló de anular la lotería de visase impedir que residentes permanentes legales y ciudadanos trajesen legalmente a sus familias, una medida legal que el presidente llama “migración en cadena”. 

La primera dama, Melania Trump, nació en Eslovenia. En agosto de 2018, sus padres se naturalizaron estadounidenses, gracias a ese programa de reunificación familiar. 

La campaña de Trump noha respondido a la solicitud de comentarios sobre estas acciones. El miércoles, en una llamada con periodistas, Stephen Miller, asesor presidencial y arquitecto de muchas de las políticas migratorias más restrictivas del Gobierno, defendió las acciones tomadas por la administración Trump y dejó entrever que, de ganar la reelección, el presidente mantendría su mano dura sobre el tema. 


En los primeros días de 2018, el Gobierno puso fecha de vencimiento al TPS para los salvadoreños, dándoles hasta el 9 de septiembre de 2019 para retornar a sus países. Señaló que “las condiciones causadas por el terremoto de 2001” que motivaron la protección original no persistían. La medida afectaba a cerca de 200,000 personas que habían hecho su vida en Estados Unidos por más de 15 años.  

Unos meses después, el 4 de mayo, el Gobierno tomó la misma decisión para los inmigrantes hondureños que, como los nicaragüenses, estaban amparados por el TPS desde enero de 1999 tras el paso del huracán Mitch por su país a finales de 1998. Alrededor de 55,000 hondureños tendrían que volver a su patria en enero de 2019.

Sin embargo, demandas para bloquear esas decisiones han extendido la permanencia legal de más de 331,000 hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, cuyos TPS están vigentes ahora hasta el 4 de enero de 2021.   

En la que ha sido quizá la acción migratoria más controvertida de los cuatro años de gobierno de Trump, el 7 de mayo del 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció una “política de tolerancia cero” al ingreso ilegal al país.

A los padres que planeaban cruzar la frontera con sus hijos les lanzó la siguiente advertencia: “Puede ser que ese niño sea apartado de ti”. Más adelante se reveló que el Gobierno venía separando familias desde mediados de 2017 como parte de un programa piloto en El Paso, Texas.

Bajo la presión de las críticas contra la medida y dos días después de que el medio de investigación ProPublica publicara un audio donde niños centroamericanos clamaban en medio de llantos por sus padres, Trump anunció el fin de la medida. 

Más de 4,100 menores de edad habían sido separados de sus padres. Sin embargo, desde el el fin oficial de la medida, el Gobierno apartó a 1,100 niños más, para un total de al menos 5,446, según un informe de The Intercept. Y el número podría ser aún más alto. En octubre de 2018, Amnistía Internacional señaló en un informe que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza le dijo que “entre el 19 de abril y el 15 de agosto de 2018, había separado forzosamente a más de 6,000 unidades familiares”.

Artículo tomado de telemundo.com

https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/elecciones-eeuu-2020/asi-cambio-trump-la-inmigracion-legal-e-ilegal-estados-unidos-y-estos-son-sus-planes-tmna3844520

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